El Pequeño Nicolás, condenado a 1 año y 9 meses de prisión por falsificar el DNI para que hicieran la Selectividad por él

Bocatones
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Francisco Nicolás Gómez Iglesias ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a 1 año y 9 meses de prisión por ser el autor de un delito de falsificación de un documento de identidad con el fin de que un amigo erudito hiciera su examen de selectividad en el año 2012. Hombre, ya puestos, habérselo pedido al que lleva catorce mil programas en 'Pasapalabra'...

Se nota que en la EBAU no hay exámenes ni de plástica ni de informática, porque de ese modo el Pequeño Nicolás podría haber salvado su nota sin meterse en este berenjenal con ese DNI falso del top manta. Pero Francisco sabe que por muy notas que sea y por mucho que haya estado con las Cortes, la nota de corte es la que es, no entiende de enchufes.

Un hombre cuyo teléfono fue pinchado por el CNI (luego lo desmintió) y que sabe hasta qué perfume usa el Rey Emérito no podía conformarse con hacer una chuleta o copiarse del de al lado, como todo el mundo. Él tenía que hacer su asalto a 'La Casa de Papeles con Membrete' a lo Profesor ('La Casa de Papel'), pero sin poder preguntarle a ninguna agente de la Policía qué bragas lleva puestas.

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La Audiencia Provincial de Madrid también ha identificado y sancionado a sus cooperantes necesarios. A 'la Manitas' de falsific-Art Attack (el programa de manualidades del mercado negro de los DNIs), identificada como Olivia P.R, la han condenado a pagar diez euros diarios (casi lo mismo que vale el AtresPlayer Premium) "como autora de un delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público por imprudencia grave" por petición de la fiscal, según ha informado la Agencia EFE.

En cambio, al negro de 'El Pequeño Nicolás' (el encargado de hacer los exámenes) también le ha caído un año entre rejas "como cooperador necesario en el mismo delito". Además, los tres componentes de este golpe al sistema educativo y al corporativismo de los exámenes oficiales han sido condenados al pago de las costas procesales, excluidas las generadas por la acusación popular.


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